Abordando los Riesgos del Trabajo Forzado con Software de Cumplimiento Comercial

El trabajo forzado sigue siendo uno de los desafíos más urgentes en las cadenas de suministro globales, atrayendo una mayor atención de reguladores, clientes y partes interesadas. Lo que antes era una preocupación periférica se ha convertido en un tema central, con significativos riesgos legales y reputacionales para las empresas que no cumplen con los requisitos.

La Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uyghur (UFLPA) ha intensificado la fiscalización en Estados Unidos, resultando en más retenciones, investigaciones y penalidades relacionadas con violaciones en las cadenas de suministro. Al mismo tiempo, otras jurisdicciones están avanzando en sus propias legislaciones de debida diligencia relacionadas con el trabajo forzado, señalando un movimiento global hacia una responsabilidad más rigurosa.

En América Latina, las autoridades también están intensificando los esfuerzos para combatir el trabajo forzado en las cadenas productivas. En Brasil, por ejemplo, grupos de fiscalización han rescatado trabajadores de condiciones análogas a la esclavitud, y otros países (como Chile, Colombia y Perú) están debatiendo leyes que obliguen a las empresas a realizar debida diligencia en derechos humanos y trabajo decente en sus cadenas de suministro. Estas iniciativas reflejan un alineamiento de la región con el cambio global hacia una responsabilidad más rigurosa.

Las organizaciones ya no pueden depender de procesos manuales o verificaciones superficiales. Para mitigar riesgos, las empresas necesitan elevar el nivel de sus herramientas de cumplimiento, utilizando software de cumplimiento comercial para fortalecer la debida diligencia y proteger la integridad de la cadena de suministro.

El Departamento de Estado de EE. UU. describe el UFLPA como "una herramienta que el gobierno de EE. UU. utiliza para impedir que productos fabricados con trabajo forzado, vinculados a la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR), entren al país". Promulgado en junio de 2022, el UFLPA transfiere la carga de la prueba a los importadores, quienes deben demostrar de manera concluyente que no hubo trabajo forzado en la fabricación de los productos o componentes importados.

En el tercer trimestre de 2025, estadísticas del U.S. Customs and Border Protection (CBP) registraron más de 17.000 retenciones valuadas en casi US$ 4 mil millones desde la creación de la ley, con tasas de retención creciendo significativamente en los meses más recientes.

Los sectores automotriz, aeroespacial y electrónico fueron los más afectados hasta ahora, representando bien más de la mitad de todos los embarques retenidos. Otras industrias impactadas incluyen productos agrícolas, metales, farmacéuticos y químicos y maquinaria.

El mayor valor financiero retenido no siempre está directamente asociado con China. Muchos productos provienen de centros intermedios como Malasia, Vietnam y Tailandia, donde fabricantes suelen adquirir materias primas o componentes vinculados a la XUAR.

Desde el inicio de la ley, el 61% de todos los embarques retenidos bajo el UFLPA fueron denegados. Esto puede resultar en aviso de exclusión, posible incautación y decomiso de productos, además de multas. La mayoría de las denegaciones ocurrieron en 2025, marcando un aumento expresivo en comparación con los años anteriores. Esto indica un patrón de fiscalización más rígido, con el CBP exigiendo documentación granular y verificable para contestar la presunción de trabajo forzado.

La tendencia creciente refuerza la importancia de una estrategia proactiva de cumplimiento comercial, incluyendo el cribado de entidades listadas en el UFLPA, trazabilidad y preparación para auditoría distribuida por áreas como compras, logística y jurídico, evitando acciones reactivas apenas después de la retención.

Las legislaciones están volviéndose más rígidas en todo el mundo, consolidando la transición de directrices voluntarias a exigencias obligatorias. Este movimiento es nítido en Europa y América del Norte, y América Latina comienza a seguir el ejemplo, aunque de forma fragmentada entre los países:

• Brasil: adopta desde 2004 la llamada "Lista Sucia", un registro público de empleadores sorprendidos explotando trabajo análogo a la esclavitud. Las empresas incluidas en esta lista sufren sanciones reputacionales y de mercado (quedan dos años sin poder acceder a crédito en bancos públicos o privados y enfrentan la ruptura de contratos). Además, Brasil discute un proyecto de ley de debida diligencia, que haría obligatorio para las grandes empresas evaluar y mitigar riesgos socioambientales en sus cadenas.
• Chile, Colombia y Perú: estos países están tramitando propuestas de ley que obligarían a las empresas a realizar debida diligencia en derechos humanos y prácticas laborales, de manera similar a las legislaciones europeas recientes. Varias naciones latinoamericanas han adoptado planes que, aunque no vinculantes, señalan posibles futuras legislaciones y sirven de guía para que las empresas se adecúen voluntariamente.

En el escenario global, legislaciones como la británica Modern Slavery Act (2015), la ley canadiense S-211 (2024) y la alemana Ley de Debida Diligencia en Cadenas de Suministro (LkSG, 2023) sirven de modelo para América Latina. Estos marcos internacionales, aunque externos, afectan directamente a exportadores latinoamericanos: para continuar accediendo a grandes mercados, las empresas de la región tendrán que comprobar debida diligencia contra trabajo forzado y otras violaciones.

1. Cribado automatizado de proveedores: plataformas robustas de cumplimiento monitorean y señalan continuamente proveedores de alto riesgo, así como entidades sancionadas, confrontándolos con bases de datos actualizadas. Esto elimina la dependencia en verificaciones manuales y reduce fallos humanos, ofreciendo evaluaciones automáticas y precisas de riesgo antes de que la empresa cierre negocios con un proveedor.
2. Trazabilidad multinivel: herramientas modernas de cumplimiento proporcionan una visión detallada de las conexiones en la cadena de suministro a través de múltiples niveles. Es posible mapear proveedores del proveedor, identificar de dónde realmente provienen los componentes y materias primas, y así detectar riesgos de trabajo forzado ocultos en subniveles. Con estos insights, la empresa puede actuar proactivamente. Esta visibilidad de punta a punta es especialmente crítica para cadenas globales largas, comunes en industrias como la automotriz, electrónica y textil.
3. Rastros de auditoría y documentación: plataformas digitales consolidan documentos de cumplimiento y registros de trazabilidad en un repositorio central, facilitando respuestas ágiles a auditorías e investigaciones. Certificados de origen, informes de debida diligencia, comprobantes de inspección y registros de embarque quedan organizados y accesibles, permitiendo a las empresas comprobar rápidamente sus acciones de prevención.
4. Actualización regulatoria continua: leyes y reglamentaciones evolucionan constantemente. Soluciones de cumplimiento se actualizan automáticamente en sintonía con estos cambios globales, asegurando que los procedimientos de la empresa se mantengan alineados en todas las jurisdicciones donde opera. Funcionalidades de rescreening dinámico reevalúan proveedores periódicamente (o siempre que se añadan nuevas entidades a listas de observación internacionales), garantizando que una relación comercial antes limpia no pase desapercibida si surgen nuevas restricciones.
5. Capacitación interna: además de sus funciones operativas, los softwares de cumplimiento comercial modernos sirven también como herramientas educativas y colaborativas. Al compartir datos de cumplimiento en tiempo real con departamentos de compras, logística, jurídico y sostenibilidad, la empresa promueve decisiones más informadas y reacciones más rápidas frente a potenciales amenazas.

El fortalecimiento de la fiscalización contra el trabajo forzado no es una tendencia pasajera; se ha convertido en un requisito central de cumplimiento en el comercio global. Confiar en procesos anticuados o en verificaciones superficiales significa arriesgar retenciones onerosas de mercancías y daños a la reputación corporativa. Las empresas líderes están migrando a soluciones automatizadas, que proporcionan visibilidad, trazabilidad y documentación defendible, a fin de construir cadenas de suministro más seguras y sostenibles.

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